Ya no existen dudas científicas sobre el Cambio Climático y sus consecuencias negativas para la salud humana y del resto de los seres vivos del planeta. Muchos países están comprometiendo reducciones sustantivas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) hacia los años 2030 y 2050 para alcanzar la meta global de mantener la temperatura de la atmosfera 1,5°C por encima de la existente antes de la Revolución Industrial. Incluso algunos países afirman que lograrán la neutralidad de emisiones hacia la mitad de este siglo. O sea que en ese momento sus emisiones netas serán cero.
Los
países que están a la cabeza de las acciones para mitigar las emisiones y
adaptarse al fenómeno han implementado medidas concretas para afrontar el Cambio
Climático. La Unión Europea particularmente ha creado y permanentemente ajusta
un sistema integral de medidas con ese fin. En la mayoría de los países
miembros estas medidas, y otras adoptadas a nivel nacional, han surtido efectos
muy significativos en materia de reducción de emisiones.
La
Argentina genera el 0,7% de las emisiones globales y se ubica en el puesto 14
de las emisiones per cápita. Ha suscripto y cumplido hasta el presente todos
los compromisos formales internacionales y recientemente declaró, en la Segunda
Contribución Nacional Determinada (CND) de 2019, que en 2030 las emisiones, sin
condiciones para su reducción, serán 25,7% inferiores a las comprometidas en la
Primera CND Revisada de 2016. Esto implica una reducción de 39,4% respecto al
escenario tendencial de emisiones estimado en 2016.
Hasta
ahora la tracción de los acuerdos internacionales ha sido el principal motor
para que el país evidencie su decisión de adoptar medidas para lo que se
denomina genéricamente, a nivel mundial, Transición Energética.
A
nivel nacional existen varias leyes y normas que promueven las energías
renovables (eólica, solar, biocombustibles, etc.), la generación distribuida e
incluso establecen un gravamen a los combustibles fósiles (excepto al gas,
nuestro recurso fósil más abundante), denominado Impuesto al Dióxido de Carbono.
Sin
embargo hasta ahora no existe una ley marco general que articule esas y otras
medidas necesarias en un sistema integrado que impulse el establecimiento de planes
con objetivos, medios, metas, controles y sanciones económicas que distribuyan
equitativamente entre todos los sectores y actores los esfuerzos para cumplir
con los compromisos internacionales en materia de Cambio Climático.
Se
sabe que los principales afectados por el Cambio Climático serán las futuras
generaciones, por eso es necesario traer al presente la urgencia de establecer
una agenda a mediano y largo plazo que evite a esas generaciones y al ambiente en
general los daños pronosticados; algunos de los cuales están ya manifestándose
en la reducción de glaciales y aumento del nivel del mar.
La
Argentina tiene una amplia gama de recursos para transformar las fuentes de
energías fósiles, dominantes en nuestra matriz energética, en energías
renovables. Nuestro territorio cuenta con abundantes vientos, luz solar,
biomasa y materias primas para expandir la electrificación, particularmente de
los medios de movilidad, una de las principales fuentes de emisión. También
dispone para ello de recursos humanos y tecnológicos calificados.
Una
norma nacional integral hacia la descarbonización del ambiente permitiría
también armonizar la disposición de esos recursos, promover su utilización para
generar valor agregado, aumentar el empleo y promover desarrollos sustentables
a nivel local y regional.
